San Salvador – En un movimiento que consolida la política de “mano dura” del gobierno de Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado recientemente una reforma constitucional y legal que permite imponer la pena de prisión perpetua a menores de edad, a partir de los 12 años.
Esta medida, impulsada bajo el argumento de combatir frontalmente a las estructuras terroristas y pandillas, marca un hito en la legislación penal juvenil de la región y ha generado un intenso debate internacional.
Los puntos clave de la iniciativa:
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Pena Perpetua Revisable: La reforma establece que la cadena perpetua no será absoluta, sino “revisable”. Para los menores de edad condenados, la revisión obligatoria de la pena ocurrirá después de cumplir 25 años en prisión.
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Delitos Aplicables: Esta sentencia máxima se reservará para delitos considerados de extrema gravedad, tales como homicidio agravado, feminicidio, violación y actos de terrorismo (especialmente aquellos vinculados a pandillas).
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Edad Penal: La ley ratifica que los menores son penalmente responsables desde los 12 años, permitiendo que, ante delitos mayores, la sanción pueda extenderse por toda la vida del individuo si la revisión de los 25 años no resulta favorable.
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Nuevos Juzgados: Se contempla la creación de juzgados especializados de lo criminal para procesar estos casos bajo los nuevos lineamientos de seguridad.
El argumento del Gobierno
Para el oficialismo, esta reforma es necesaria para evitar que las pandillas sigan utilizando a niños y adolescentes como “escudos” o sicarios, bajo la premisa de que sus condenas serían cortas. “El mensaje es claro: el que cometa crímenes atroces, sin importar su edad, enfrentará las consecuencias más severas de la ley”, han señalado voceros gubernamentales.
Críticas y preocupación internacional
Organismos de derechos humanos y dependencias de las Naciones Unidas han manifestado una profunda preocupación. Los principales argumentos en contra señalan:
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Tratados Internacionales: La medida podría violar la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la privación de libertad de un menor debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible.
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Rehabilitación vs. Castigo: Críticos sostienen que la cadena perpetua anula la posibilidad de reinserción social, que es el espíritu original de la justicia penal juvenil.
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Riesgo de Error: Organizaciones como Cristosal advierten sobre el riesgo de condenar a perpetuidad a menores en un contexto de régimen de excepción donde los procesos judiciales son sumamente acelerados.
¿Qué sigue?
Tras su aprobación por la mayoría oficialista en la Asamblea, la reforma entra en vigor de inmediato para los nuevos procesos. Se espera que esta medida sea un eje central en la narrativa de seguridad del gobierno de Bukele para el periodo 2024-2029, mientras la comunidad internacional observa de cerca los primeros casos que se procesen bajo esta nueva modalidad.
