- UIPE y Tribunal de Disciplina Judicial firman convenio para reforzar vigilancia patrimonial, prevenir lavado de dinero y garantizar sanciones con sustento técnico
Guillermo Veloz | La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 03 de marzo de 2026.– En un movimiento orientado a robustecer la arquitectura de control interno del Estado, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) y el Tribunal de Disciplina Judicial formalizaron un convenio de colaboración que consolida un frente común contra la corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ámbito judicial.
Durante la firma, el titular de la UIPE, Neri Toshiro León Sauza, subrayó que el acuerdo permitirá fortalecer la prevención, detección y análisis de posibles evoluciones patrimoniales irregulares de servidores públicos. “El servidor público está para servir y no para servirse”, enfatizó.
Explicó que la Unidad fungirá como coadyuvante técnico del Tribunal de Disciplina Judicial, aportando análisis patrimonial y financiero especializado que facilite la integración de expedientes sólidos ante eventuales faltas administrativas graves. Añadió que su experiencia al frente de las unidades antilavado de dinero del país ampliará la capacidad de rastreo de recursos más allá del ámbito local.
León Sauza detalló que la UIPE cuenta con tres años de operación y diversas denuncias presentadas, antecedentes que —dijo— permitirán robustecer el trabajo del órgano investigador del Tribunal mediante informes técnicos que constituyan elementos probatorios en los procedimientos disciplinarios.
Por su parte, la presidenta del Tribunal, Violeta Fernández Vázquez, calificó la firma como “un pacto de integridad en favor del pueblo de Tlaxcala” y afirmó que representa un cambio de paradigma en la vigilancia judicial. Señaló que una disciplina efectiva requiere herramientas técnicas, datos verificables y monitoreo constante.
La magistrada explicó que, con el respaldo de la UIPE, el Tribunal podrá solicitar informes detallados sobre la situación económica de servidores públicos sujetos a investigación, con el objetivo de sustentar sus resoluciones en evidencia objetiva y eliminar cualquier margen de discrecionalidad en la imposición de sanciones.
Asimismo, puntualizó que el mecanismo no solo permitirá detectar inconsistencias patrimoniales, sino también proteger la honorabilidad de quienes ejercen su función con rectitud, al validar la legalidad de su actuación mediante dictámenes técnicos.
Con este convenio, ambas instancias envían un mensaje de coordinación institucional y firmeza en el combate a la corrupción, privilegiando la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio del servicio público dentro del Poder Judicial.
