Redacción/La Noticia de Tlaxcala/Foto: Cortesía Alerta Vigilante
Tlaxcala, Tlax., 5 de junio de 2025. La reciente elección de Yair Castillo Pérez como juez en materia penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer ha encendido las alarmas entre especialistas jurídicos y ciudadanos críticos, al revelarse que su trayectoria profesional se ha desarrollado exclusivamente en el ámbito educativo-administrativo, sin experiencia comprobable en litigio, derecho penal o funciones jurisdiccionales.
Castillo Pérez, identificado con el partido Morena y con historial de promoción política en campañas, fue subdirector de los planteles 06 Contla y 14 Nativitas del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, además de director de Vinculación y Difusión de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, cargos que distan del perfil técnico que se esperaría de un juez penal.
Fotografías difundidas en redes sociales muestran su cercanía con figuras del obradorismo, y portando indumentaria partidista promoviendo los “Documentos Básicos de Morena”, lo cual refuerza las sospechas sobre una posible designación basada en lealtades políticas más que en méritos jurídicos.
Esta elección se da en el contexto de la primera votación ciudadana para designar jueces en Tlaxcala, un proceso que registró apenas 12.4% de participación efectiva y un elevado número de votos nulos, dejando en entredicho la legitimidad democrática y técnica de los perfiles electos.
Expertos en derecho y organizaciones civiles señalan que el caso de Castillo Pérez evidencia la falta de filtros técnicos, evaluaciones éticas y mecanismos de revisión del proceso, además de poner sobre la mesa la urgencia de revisar si los jueces electos realmente cuentan con los conocimientos, experiencia y neutralidad que exige el cargo.
En una entidad con creciente rezago en justicia penal, la llegada de perfiles improvisados representa un retroceso institucional y una amenaza para la imparcialidad del sistema judicial. La sociedad tlaxcalteca exige que los nuevos jueces no sólo cuenten con respaldo popular, sino con la preparación jurídica suficiente y autonomía real para impartir justicia con rigor y legalidad.
