Jonathan Olvera/La Noticia de Tlaxcala
San Pablo del Monte, Tlax., 28 de mayo de 2025.— A un mes del homicidio de Brenda “N”, joven víctima de un disparo en la cabeza presuntamente a manos de elementos de la Policía Municipal de San Pablo del Monte, ninguna autoridad estatal o municipal ha ofrecido una explicación pública, ni se ha avanzado en justicia. Lo que sí ha prevalecido, según denuncian familiares, vecinos y organizaciones civiles, es el silencio institucional, la complicidad y la falta total de empatía.
La joven fue asesinada el pasado 26 de abril en el barrio de El Cristo, durante una balacera desatada por policías estatales y municipales que, lejos de proteger a la ciudadanía, actuaron con un uso desproporcionado de la fuerza. Brenda, como muchos vecinos, había exigido justicia ante el robo a una vivienda y fue víctima de un sistema que castiga al que exige y protege al delincuente.
Pese a que los agentes implicados están plenamente identificados, no hay detenidos, no hay avances, y no hay voluntad política para esclarecer el caso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala ha apostado por el olvido, mientras que la alcaldesa Ana Lucía Arce Luna, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, y funcionarias como Nydia Cano Rodríguez (Secretaria de las Mujeres), Marcela González Castillo (presidenta de Morena en Tlaxcala) o Jacqueline Ordoñez Brasdefer (presidenta de la CEDH), guardan silencio cómplice.
En un acto que raya en el cinismo, el pasado lunes se organizó una jornada institucional por la paz, sin la presencia de las principales autoridades responsables de atender casos de violencia de género, y sin mencionar el caso de Brenda ni brindar atención a otras víctimas que, en ese mismo evento, denunciaron acoso sexual y laboral por parte de funcionarios del ayuntamiento, incluido el secretario Alejandro Martínez Sánchez, quien pese a tener órdenes de restricción sigue en funciones y sin sanción alguna.
La omisión de las autoridades es más que preocupante; es criminal. No solo por el encubrimiento, sino por la desfachatez de mantener en sus cargos a los posibles agresores, por no mostrar la más mínima sensibilidad hacia una familia destrozada y una comunidad que exige justicia.
Hoy, la sororidad, la empatía y la legalidad parecen haber sido enterradas junto a Brenda. La ciudadanía no olvida, y el dolor se vuelve rabia cuando las instituciones simulan actuar mientras protegen a quienes abusan del poder.
“Lo que pasó con Brenda no fue un accidente. Fue el resultado de un sistema de impunidad que protege a los suyos y dispara contra quien exige justicia”, expresó uno de los vecinos durante una reciente manifestación.
Los habitantes de San Pablo del Monte lo dicen claro: la paz no se decreta, se construye con justicia. Y aquí, no hay ni una ni otra.
