Redacción/La Noticia de Tlaxcala
Ciudad de México, 26 de junio de 2025.– Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntas operaciones de lavado de dinero en bancos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adoptó una postura firme y desafiante: “México no se subordina a nadie. Si hay pruebas, se actúa, si no, no hay nada que perseguir”.
En un mensaje que mezcla nacionalismo con exigencia técnica, Sheinbaum defendió la solidez del sistema financiero nacional, pero también puso sobre la mesa una advertencia clara: no habrá impunidad, pero tampoco persecución sin fundamentos.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad. Pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, declaró.
La presidenta recordó que hasta ahora no ha llegado evidencia alguna por parte del gobierno estadounidense, y citó como ejemplo el fallido caso Cienfuegos para subrayar la necesidad de actuar con base en pruebas reales, no en sospechas.
“Tan es así que en el caso Cienfuegos, lo detienen sin pruebas y termina siendo liberado. Esa experiencia nos obliga a actuar con responsabilidad”, sentenció.
Entre firmeza y defensa institucional
El mensaje de Sheinbaum no solo fue una respuesta directa a Washington, sino también una defensa institucional de los mecanismos de vigilancia financiera en México, al asegurar que la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores están en constante monitoreo para detectar irregularidades.
Aun así, el discurso oficial dejó entrever un riesgo político y diplomático: la insistencia en que “México no es piñata de nadie” revela el malestar del gobierno mexicano ante lo que considera acusaciones unilaterales sin sustento.
“Colaboramos, nos coordinamos, pero no nos subordinamos. La relación con Estados Unidos es entre iguales”, subrayó la presidenta.
Falta de transparencia: el lado opaco
Sin embargo, el discurso también deja preguntas sin responder: ¿qué bancos están bajo sospecha?, ¿por qué la UIF no ha informado al respecto?, ¿qué protocolos están activados frente a estos reportes internacionales?
El hecho de que el gobierno federal insista en que “no hay pruebas” podría interpretarse como una negación preventiva, sobre todo en un país donde históricamente los escándalos financieros se han cubierto con discursos de soberanía.
En el fondo, más allá del mensaje político, el tema central sigue sin respuesta: ¿están o no los bancos mexicanos facilitando operaciones ilícitas? Y si la respuesta es negativa, ¿por qué no se transparentan los resultados de las investigaciones internas?
La exigencia de pruebas no es menor, pero tampoco debe ser excusa para la opacidad. En un país donde la confianza en las instituciones financieras es frágil, el gobierno tiene la responsabilidad no solo de defender la soberanía, sino también de garantizar que la rendición de cuentas no se diluya entre discursos patrióticos.
