Guillermo Veloz/La Noticia de Tlaxcala
Puebla, México, 12 de junio de 2025. En un movimiento que encendió alertas entre defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanía crítica, el Congreso del estado de Puebla aprobó una reforma que convierte en delito los llamados “insultos en redes sociales”, bajo la figura de ciberasedio, imponiendo penas de hasta tres años de prisión.
Aunque la medida se presenta como un intento por frenar el acoso digital, su ambigüedad, falta de definición clara y severidad han sido calificadas como un retroceso para la libertad de expresión en el país. No se precisa qué constituye un “insulto punible”, abriendo la puerta a interpretaciones arbitrarias y posibles abusos de poder.
El riesgo es mayúsculo: expresiones críticas, denuncias ciudadanas o incluso comentarios sarcásticos podrían ser penalizados, dependiendo del contexto político o del criterio de las autoridades. El efecto inhibidor —conocido como chilling effect— ya comienza a sentirse. Usuarios en la red X han expresado su temor a opinar libremente ante la amenaza de ser perseguidos penalmente por ejercer su derecho a disentir.
Organizaciones civiles advierten que la reforma contradice principios constitucionales consagrados en los artículos 6° y 7° de la Carta Magna, que garantizan el libre ejercicio de expresión y el derecho a la información. La desproporción es evidente: encerrar a alguien por un insulto en línea resulta excesivo cuando ya existen mecanismos civiles para atender agravios reales, como la demanda por daño moral.
La posibilidad de que esta norma se use como herramienta para amedrentar periodistas o censurar voces incómodas no es menor, especialmente en un contexto donde las redes sociales han sido clave para la denuncia de corrupción, violencia institucional y arbitrariedades del poder.
A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría ser convocada para revisar su constitucionalidad. Precedentes existen: en el caso Pável Ulianov vs. Ley de Víctimas, la Corte invalidó disposiciones similares por criminalizar expresiones ambiguas. A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también podría intervenir si se considera que la ley viola los estándares del Sistema Interamericano, que limita el uso del derecho penal para casos extremos.
Defensores de la ley alegan que responde a la urgencia de proteger a víctimas de violencia digital. Sin embargo, expertos señalan que existen alternativas más eficaces y menos restrictivas: justicia restaurativa, educación digital y protocolos de contención y mediación que no criminalicen la expresión.
Con esta reforma, Puebla cruza una línea peligrosa: la que separa la legítima protección frente al acoso, de la criminalización del disenso. Una ley que, en lugar de proteger, amenaza con silenciar. Y un precedente que pone en entredicho los valores democráticos en plena era digital.
¿Será esta la antesala de un nuevo autoritarismo digital?
Por lo pronto, el mensaje es claro: hoy fue Puebla. ¿Y mañana?
