Redacción/La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 16 de junio de 2025. — Mintió en el nombre del proveedor. Mintió en el proceso de adjudicación. Mintió en el destino final de los vehículos. La compra de 10 camionetas blindadas de lujo por 56 millones de pesos se perfila como uno de los actos más graves de opacidad y posible corrupción del actual gobierno de Tlaxcala, encabezado por la morenista Lorena Cuéllar Cisneros.
Según documentos oficiales obtenidos por el Portal de Noticias Mundo Político, la administración estatal simuló un proceso de adjudicación directa bajo el argumento de “urgencia por seguridad pública”, cuando en realidad, las camionetas Suburban High Country 2024 —equipadas con blindaje militar V+— fueron asignadas a funcionarios, familiares de la mandataria e incluso empresarios cercanos.
El contrato fue otorgado a Cha Cha Producciones S.A. de C.V., una empresa audiovisual con sede en Iztapalapa, sin antecedentes en la venta de equipo táctico o automotriz. Sin embargo, el gobierno aseguró públicamente que el proveedor fue Epel, S.A. de C.V., domiciliada en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo cual contradicen los expedientes firmados por el propio administrador de la productora de espectáculos.
Un blindaje de secretos
Las camionetas —valoradas en 4.85 millones de pesos cada una, con blindaje para resistir municiones de calibre militar— fueron adquiridas sin licitación pública y bajo una justificación de “riesgo inminente” en la entidad que presume ser una de las más seguras del país. La información sobre los contratos, cotizaciones y facturas fue reservada hasta 2030 por la Oficialía Mayor, impidiendo cualquier auditoría ciudadana.
A pesar de haber recibido otras tres cotizaciones de empresas especializadas en blindaje —con precios hasta 50% más bajos— el Comité de Adquisiciones eligió a Cha Cha Producciones, validando su idoneidad con el argumento de “eficiencia, economía y honradez”.
Falsedad institucional y uso privado
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) fue el órgano que solicitó la compra, respaldado por la Secretaría de Finanzas y bajo dictámenes que sostenían que los vehículos serían para uso de operaciones tácticas y protección ciudadana. Pero la evidencia apunta en otro sentido: las camionetas blindadas están en manos de familiares cercanos de la gobernadora, altos funcionarios, y un constructor poblano con vínculos políticos y económicos con la administración estatal.
La empresa Cha Cha Producciones —representada por Alberto Arturo Serrano Manjarrez— presentó una oferta con promesas de entrega inmediata y cláusulas de confidencialidad. El gobierno, en lugar de cuestionar la falta de experiencia del proveedor, aceleró la firma del contrato en tan solo unos días, amparándose en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones estatal.
Austeridad selectiva
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum llama a gobernar con austeridad, transparencia y sin lujos, el gobierno de Cuéllar Cisneros invierte recursos del Fondo General de Participaciones en camionetas de lujo, sin claridad sobre su destino ni utilidad para la seguridad pública.
Este caso plantea serias dudas sobre el manejo del dinero público, la protección institucional a decisiones opacas y el desdén a los principios de austeridad republicana que Morena enarbola como bandera nacional.
¿Blindadas para quién?
En una entidad golpeada por linchamientos, narcolaboratorios, asesinatos, secuestros, desapariciones y ataques con explosivos, la prioridad del gobierno no fue blindar a la ciudadanía, sino a sí mismo. Las camionetas, según diversas fuentes, están destinadas a:
• La gobernadora Lorena Cuéllar
• Sus hijas e integrantes de su familia inmediata
• Funcionarios de primer nivel
• Un empresario constructor con vínculos con el exgobernador Mariano González
¿Y la transparencia?
La reserva de la información hasta 2030, la manipulación del proveedor real, la adjudicación a una empresa no especializada y la opacidad en los criterios de asignación evidencian un modus operandi cada vez más común en Tlaxcala: blindar el poder con dinero público y blindar la verdad bajo llave administrativa.
Lo que queda claro es que la adquisición de las blindadas no fue por seguridad, sino por conveniencia política y protección personal. Y mientras las calles de Tlaxcala se enfrentan solas al crimen, el poder se mueve en vehículos de casi 5 millones de pesos, con el respaldo de contratos sellados bajo secreto de Estado.
¿Cuántas verdades más intentarán blindar?
