Jonathan Olvera | La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 26 de agosto de 2025.- El nuevo informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre los centros penitenciarios de Tlaxcala y Apizaco terminó siendo un déjà vu para familiares e internos: las mismas irregularidades de siempre, sin soluciones claras y con el mismo lenguaje institucional que promete mucho pero resuelve poco.
Las supervisiones revelaron lo que desde hace años se denuncia: deficiencias en la defensa legal, atención médica insuficiente, restricciones en las visitas familiares y sanciones disciplinarias desproporcionadas.
La presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, aseguró que las observaciones provienen de entrevistas voluntarias con personas privadas de la libertad y que, en esta ocasión, las quejas se relacionan más con los procesos judiciales que con la infraestructura penitenciaria. Como si ese matiz cambiara el fondo del problema.
El organismo presumió la “apertura” de las autoridades penitenciarias para atender revisiones y recomendaciones, pero para quienes viven la realidad de los penales, esas palabras se sienten como un discurso hueco.
Familiares de internos califican el informe como una burla institucional, un documento que describe lo evidente y deja intacta la raíz del problema: un sistema penitenciario indolente y un organismo de derechos humanos que parece conformarse con observar, sin exigir soluciones de fondo.
