Tlaxcala, Tlax., 12 de febrero de 2026.-
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), refrendó su disposición para continuar el diálogo con las empresas que prestan el servicio en la ruta Tlaxcala–Apizaco, con el objetivo de regularizar la operación, garantizar la seguridad de las personas usuarias y asegurar el sustento de las familias que dependen de esta actividad.
Durante su participación en el Diálogo Circular, realizado en el Auditorio “Trinidad Sánchez Santos” de la Coordinación de Comunicación, el titular de la SMyT, Marco Tulio Munive Temoltzin, destacó que la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros mantiene como prioridad el ordenamiento del transporte público en la entidad, a fin de ofrecer un servicio seguro, con seguro de viajero, conductores debidamente licenciados, unidades en condiciones óptimas y tarifas reguladas.
Como antecedente, recordó la firma del Convenio de Coordinación de acciones en materia de delimitación de tramos carreteros y caminos de jurisdicción federal, suscrito el 7 de mayo de 2025 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Gobierno del Estado de Puebla, con el propósito de mitigar problemáticas en el servicio de transporte público de pasajeros en vías federales. En este contexto, señaló que la SMyT se encuentra en proceso de integrar convenios específicos por cada tramo federal.
El funcionario explicó que las principales problemáticas del transporte público en Tlaxcala se concentran en carreteras de jurisdicción federal, como Puebla–Tlaxcala, Tlaxcala–Apizaco, Vía Corta Santa Ana–Puebla, Los Reyes–Zacatepec y Tlaxcala–San Martín Texmelucan, las cuales representan aproximadamente el 70 por ciento de la red carretera en la entidad.
Munive Temoltzin precisó que, si bien la Federación es la autoridad facultada para otorgar concesiones en tramos federales y el Estado en los tramos estatales, existen rutas mixtas, como la Apizaco–Tlaxcala, que combina 17 kilómetros de tramo federal y 4.2 kilómetros de tramo estatal, lo que ha generado una falta de regulación durante aproximadamente 30 años.
Indicó que actualmente las empresas Autobuses Tlaxcala–Apizaco–Huamantla (ATAH) y Expresso Xicoténcatl operan en dicha ruta sin contar con concesión, autorización o permiso vigente, utilizando unidades tipo sprinter que no corresponden a un servicio federal, además de no cumplir con el requisito de contar con terminales de origen y destino, ya que en la ciudad de Tlaxcala realizan base sobre la vía pública.
Derivado de un análisis jurídico y normativo, se determinó que no existen condiciones para considerar este servicio como de naturaleza federal, por lo que los concesionarios deben tramitar los permisos correspondientes para transitar por vías de jurisdicción estatal y federal. Asimismo, recordó que en 2023 la SMyT y la Secretaría de Finanzas solicitaron a la SICT información sobre la facultad para regular y cobrar contribuciones a dichas empresas, recibiendo como respuesta que la Federación no cuenta con dicha atribución.
En este contexto, el 20 de septiembre de 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la declaratoria de existencia de una necesidad pública del servicio de transporte colectivo con itinerario fijo en el tramo Apizaco–Tlaxcala, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar el derecho al desplazamiento de la población.
El secretario de Movilidad subrayó que, en reconocimiento a los años de operación y a las fuentes de empleo que generan, el Gobierno del Estado contempla diversos beneficios para las empresas, como prioridad en el otorgamiento de concesiones, permisos provisionales durante el proceso de regularización, respeto a la ruta como circuito, no exigir terminal de destino y la condonación del 100 por ciento de los derechos por concesión en caso de incorporar unidades híbridas o eléctricas.
Finalmente, Marco Tulio Munive Temoltzin reiteró la disposición de la SMyT para mantener el diálogo con las empresas transportistas, a fin de lograr una regularización ordenada que beneficie a las personas usuarias, fortalezca la movilidad en la entidad y garantice el sustento de las familias que dependen del servicio.
