Redacción | La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 28 de julio de 2025. – El gobierno estatal de Tlaxcala incurrió en una mentira documentada al responder una solicitud de información pública sobre la adjudicación de un contrato por más de 56 millones de pesos para la adquisición de camionetas Suburban blindadas, modelo 2024.
Una investigación del portal GenteTLX, encabezada por la reportera Selene Sosa, reveló que la verdadera empresa beneficiada fue Cha Cha Producciones S.A. de C.V., y no Epel S.A. de C.V. como se informó oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
El contrato se realizó por adjudicación directa, sin proceso de licitación, a petición del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido. La maniobra fue justificada bajo la Ley de Adquisiciones estatal, argumentando que la empresa cumplía con “las capacidades requeridas” y “ajuste presupuestal”.
Sin embargo, Cha Cha Producciones, con antecedentes de contratos millonarios opacos en Puebla, aparece en múltiples investigaciones periodísticas como una empresa de giros múltiples: lo mismo vende cobijas, que camionetas blindadas, que ropa o despensas.
Contradicción oficial:
Mientras el Gobierno respondió a la solicitud pública de MTP Noticias que la empresa adjudicada fue Epel S.A. de C.V., los documentos originales del expediente —con firmas, cotizaciones, dictámenes técnicos y hasta carta de confidencialidad— apuntan claramente a Cha Cha Producciones, cuyo administrador único es Alberto Arturo Serrano Manjarrez.
Entre las irregularidades detectadas destacan:
• Documentos previos que ya daban por hecho el contrato antes del fallo oficial.
• Compromisos de reserva y confidencialidad sobre la operación.
• La aprobación de una ampliación presupuestal emitida por el Secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, para cubrir el millonario gasto.
Las camionetas adquiridas fueron de la línea más lujosa: Chevrolet Suburban High Country 2024, con blindaje nivel V+, valuadas en 4.85 millones de pesos más IVA cada una.
Este caso no solo compromete la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno de Lorena Cuéllar, sino que abre la puerta a posibles actos de simulación, encubrimiento y corrupción institucionalizada.
El silencio oficial sobre esta revelación, hasta ahora, pesa tanto como los documentos firmados a escondidas. La ciudadanía exige explicaciones, y más aún, consecuencias.
