Redacción | La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 29 de julio de 2025. En un intento por contener la creciente polémica en torno a la adquisición de camionetas blindadas, el Gobierno del Estado, a través de su nuevo vocero Antonio Martínez, aseguró que el proceso fue legal y transparente. Sin embargo, los documentos oficiales y declaraciones contradictorias dejan más dudas que certezas.
El análisis de esta postura gubernamental fue realizado por la reportera Selene Sosa, del medio independiente GenteTlx, quien retomó y examinó las declaraciones de Antonio Martínez en entrevista con el medio digital La Bestia Política. Su investigación reveló inconsistencias entre lo dicho por el funcionario y lo documentado oficialmente.
En la entrevista, el cuarto titular de Comunicación Social de esta administración defendió que la contratación se hizo conforme a los procedimientos normativos y con fines de seguridad. Afirmó que la empresa beneficiada fue Epel S.A. de C.V., pero evitó mostrar pruebas que respalden esta versión, y además sugirió —sin sustento documental— que otros participantes pudieron no haber cumplido con los requisitos.
Lo anterior choca frontalmente con el expediente revelado por GenteTlx, donde se acredita que fue Cha Cha Producciones S.A. de C.V. la firma beneficiada mediante adjudicación directa, sin que se documentara participación de otras empresas. La solicitud, firmada por el titular del SESESP, Maximino Hernández Pulido, tampoco menciona competencia ni licitación.
Más allá del origen del contrato, otra inconsistencia quedó expuesta: el vocero defendió que los vehículos blindados son para proteger a quienes cuidan a la ciudadanía, pero el propio titular de la SSC, Alberto Perea Marrufo, declaró no contar con uno. Por si fuera poco, investigaciones periodísticas han documentado el uso de las unidades por parte de las hijas de la gobernadora Lorena Cuéllar, Mariana y Fernanda Espinosa de los Monteros, quienes ostentan cargos honoríficos y cuentan con escoltas, pese a no tener atribuciones ejecutivas.
El vocero también aseguró que el contrato GET-OMG-ADX-073-2024 y la documentación correspondiente estaban disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. No obstante, una revisión directa del portal arrojó que no hay registro de ese procedimiento ni del proveedor mencionado por el funcionario.
Finalmente, tras más de medio día sin responder solicitudes formales de posicionamiento por parte de GenteTlx, la Coordinación de Comunicación envió una “aclaración” sin anexos ni evidencia técnica que desmienta lo expuesto por los documentos públicos ya difundidos.
El discurso de legalidad contrasta con la opacidad práctica. La defensa sin pruebas, las versiones encontradas entre funcionarios y el silencio institucional ante solicitudes formales de información alimentan la sospecha de que el blindaje no fue solo para las camionetas, sino también para la rendición de cuentas.
