Redacción/La Noticia de Tlaxcala
Ciudad de México, 28 de mayo de 2025. – En un mensaje contundente desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por el uso ilegal de más de 700 mil metros cúbicos de agua, extraídos sin concesión en una propiedad de su propiedad.
La mandataria federal sostuvo que no se permitirá la apropiación privada de recursos naturales, al tratarse del uso clandestino de un bien de la nación. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en dicho predio fueron construidas de forma irregular una presa, cuatro represas y un pozo, sin registro ni autorización alguna.
“No puede haber apropiación privada del agua sin permisos, menos aún en zonas con escasez y con la complicidad de autoridades. El agua es un recurso nacional y así será defendido”, declaró Sheinbaum.
La denuncia forma parte de una ofensiva más amplia de su gobierno para poner orden en el sistema nacional de concesiones hídricas, que arrastra décadas de corrupción, simulación y privilegios.
El director general de Conagua, Efraín Morales, detalló que ya se había iniciado el procedimiento administrativo para asegurar el pozo y demoler la infraestructura ilegal; sin embargo, una jueza federal, Madhay Soto Morales, otorgó en menos de 24 horas una suspensión provisional que frena las acciones. La misma juzgadora fue señalada por detener previamente la distribución de libros de texto gratuitos en el estado, lo que ha encendido las alarmas sobre el uso faccioso del Poder Judicial para frenar actos de legalidad.
Sheinbaum advirtió que el Estado mexicano no cederá ante amparos que, en lugar de proteger derechos, favorecen intereses particulares. Señaló que el caso Duarte es un símbolo de lo que no debe volver a suceder en México: el saqueo impune y legalizado de los bienes públicos.
La recuperación de los volúmenes sustraídos, ubicados en la cuenca del Tratado de Aguas de 1994 con Estados Unidos, también tiene implicaciones diplomáticas y ecológicas. El gobierno reiteró su compromiso con el derecho humano al agua y con el avance del Plan Nacional Hídrico, que busca acabar con los privilegios y hacer de este recurso un bien accesible y equitativo para todos.
Este anuncio no solo marca un punto de quiebre con el pasado reciente de corrupción hídrica, sino también con un sistema de justicia que, según denunció el gobierno, protege a los poderosos mientras obstaculiza el interés público.
La ofensiva legal está en marcha, y con ella, el mensaje es claro: la impunidad no será el cauce del agua en este sexenio.
