Redacción/La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 5 de junio de 2025. Con apenas 36 mil 566 votos, una cifra menor incluso que los 56 mil 148 votos nulos, Alfredo Pérez Águila, exchofer de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, fue “electo” como juez del Sistema Penal Tradicional y de Justicia para Adolescentes. Su designación ha sido duramente criticada por amplios sectores del ámbito jurídico y social, quienes denuncian una simulación disfrazada de proceso democrático que en realidad responde a cuotas de poder y favores políticos.
Pérez Águila obtuvo su título de abogado apenas en 2024, el mismo año en que fue impuesto como juez interino, aunque sólo permaneció en el cargo 12 días antes de ser removido por falta de experiencia. Pese a ello, fue premiado como director interino de Transparencia del Poder Judicial, a pesar de carecer de cualquier formación o práctica previa en la materia.
Hoy, tras una elección marcada por la indiferencia ciudadana —con una participación de apenas 14.28% del padrón electoral—, el exchofer ha sido colocado de forma definitiva como juez, con un sueldo superior a los 44 mil pesos mensuales, más prestaciones, en un cargo que exige conocimientos especializados y sensibilidad para atender casos de jóvenes en conflicto con la ley y mujeres víctimas de violencia.
Organizaciones de la sociedad civil, barras de abogados y defensores de derechos humanos han calificado esta imposición como un acto de clientelismo judicial, orquestado por el Consejo de la Judicatura, convertido en una maquinaria de enroques y simulaciones para colocar a personas cercanas al poder en cargos clave, sin importar su idoneidad o méritos.
“Mientras Tlaxcala necesita jueces con formación en justicia restaurativa, derechos de la infancia y perspectiva de género, nos imponen a operadores políticos con historial como choferes. El mensaje es claro: aquí no se premia la capacidad, se recompensa la lealtad”, advirtió una abogada consultada que pidió anonimato por temor a represalias.
El caso de Alfredo Pérez Águila resume lo que muchos ya denuncian: el Poder Judicial en Tlaxcala está al servicio del poder político, y no de la ciudadanía que clama por una justicia profesional, autónoma y verdaderamente accesible.
