Coparmex Tlaxcala lanza duro reclamo al Estado tras asesinato de Carlos Manzo: “La violencia está rebasando a las instituciones”

Guillermo Veloz | La Noticia de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax., 2 de noviembre de 2025.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, junto con sus 71 centros empresariales en el país, emitió un posicionamiento enérgico tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, calificando el crimen como un golpe directo a la estabilidad institucional y a la confianza en el Estado mexicano.

En su comunicado, la iniciativa privada no titubeó: exigió al gobierno federal acciones “inmediatas y efectivas” para frenar la violencia desbordada que –aseguran– está lacerando a las familias mexicanas y debilitando a las instituciones públicas.

“Este crimen no puede quedar impune”, subrayó Coparmex, al urgir que los responsables sean detenidos y presentados ante la justicia, y que se refuercen los mecanismos de seguridad y protección para autoridades y ciudadanos en todo el país.

El mensaje no solo refleja indignación, sino un agotamiento creciente del sector empresarial ante los ataques contra figuras públicas, el aumento de territorios controlados por el crimen y la percepción de que los gobiernos han perdido el control de la seguridad.

Mientras tanto, el Estado mexicano enfrenta otro cuestionamiento frontal: ¿puede garantizar la vida de un alcalde, o está resignado a administrar la violencia?

Un reclamo que trasciende el luto

  • Coparmex se posiciona como una de las primeras organizaciones nacionales en exigir resultados concretos, no solo condolencias oficiales.
  • La muerte de Carlos Manzo, ocurrida en Uruapan, Michoacán —uno de los municipios más violentos del país— reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de autoridades locales frente al crimen organizado.
  • El sector empresarial advierte que sin seguridad no hay inversión, sin justicia no hay confianza, y sin Estado de Derecho no hay país que prospere.

Cierre con mensaje contundente

El pronunciamiento concluye con una exigencia clara: México merece vivir en paz, con justicia efectiva, instituciones fuertes y gobernantes que no se limiten a condenar, sino que actúen.

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