Jonathan Olvera | La Noticia de Tlaxcala
Apizaco, Tlax., 25 de noviembre de 2025.- Lo que este martes COEPRIS intenta presentar como una acción contundente, es en realidad el cierre de un capítulo marcado por omisiones, silencios y decisiones que dejaron operar durante más de un mes a un centro de rehabilitación que ya estaba oficialmente clausurado.
Los sellos originales —colocados hace más de 30 días— fueron arrancados, cubiertos con plástico negro y prácticamente ignorados. Mientras tanto, el anexo siguió funcionando: ingresó nuevas personas, mantuvo cobros y, de acuerdo con versiones internas, incluso incrementó cuotas bajo el argumento de que “ya no alcanzaba para cubrir otras necesidades”. Ninguna autoridad intervino, pese a que la irregularidad era evidente y documentada.
Denuncias que nadie quiso escuchar
Documentos en poder de este medio detallan que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros fue informada sobre posibles actos de extorsión, cobros indebidos y prácticas irregulares, no solo en este espacio, sino en otros anexos del estado.
La respuesta institucional fue mínima.
La operación irregular continuó.
El desorden administrativo se normalizó.
Solo cuando —según diversos testimonios— “la cuota dejó de alcanzar”, la maquinaria oficial decidió moverse.
Un operativo tardío, frío y sin empatía
Fue hasta las 11:00 horas de este martes cuando inspectores de COEPRIS volvieron al lugar. Llegaron, arrancaron los sellos anteriores, colocaron nuevos, sacaron a los internos y se retiraron.
Sin explicación pública.
Sin reconocer el retraso.
Sin asumir la responsabilidad de haber permitido un mes de actividad ilegal.
Las acusaciones no tardaron en reaparecer: señalan directamente a la titular de COEPRIS, Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, de operar con protección del gobierno estatal y mantener una actitud ajena a los reclamos ciudadanos.
Silencio oficial
Este medio solicitó formalmente una entrevista con la funcionaria.
Hasta ahora, no hay respuesta, no hay postura y no hay explicación clara sobre cómo y por qué un centro clausurado pudo operar durante tantas semanas bajo intereses todavía no esclarecidos.
Lo único cierto es que la autoridad actuó tarde y bajo presión, dejando al descubierto una cadena de omisiones que exige una investigación real, profunda y sin excepciones.
