- Diputados entregan amplio control al Ejecutivo para gastar recursos excedentes sin candados visibles
Redacción | La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 7 de agosto de 2025.-En una jornada express, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad el dictamen que entrega a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros plena facultad para distribuir los recursos excedentes del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, sin especificar mecanismos de control adicional.

Este paquete financiero asciende a más de 308 millones de pesos, repartidos de la siguiente manera:
- Poder Ejecutivo: $287,343,370 (~93 %)
- Poder Judicial: $10,941,265 (~3.5 %)
- Poder Legislativo: $10,061,485 (~3.2 %)

El dictamen fue presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, encabezada por el diputado Bladimir Zainos Flores, y respaldado por la gobernadora, el secretario de Gobierno y el secretario de Finanzas .
Sin límites claros… pero con rutas definidas
Aunque el reparto cumple con lo establecido en el Código Financiero del Estado (art. 299), el texto aprobado no contiene un desglose detallado de los destinos de estos fondos ni los criterios técnicos que justifican su distribución . Las únicas garantías públicas son que se informará la aplicación en la cuenta pública del ejercicio, un mecanismo básico y retroactivo .
Contexto complicado: riesgo de opacidad real
Este movimiento ocurre justo cuando el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) reportó un probable daño patrimonial de 391.8 millones de pesos en las cuentas públicas 2024, resultado de auditorías a más de 100 entes fiscalizables, muchas de las cuales aún no han sido solventadas . Con este escenario, la entrega de discrecionalidad presupuestal parece arriesgadamente fuera de tiempo.
El mensaje subtextual: control sin vigilancia efectiva
La decisión del Congreso otorga a la administración estatal una autonomía financiera extendida, pero deja muchas preguntas sin respuesta:
- ¿Se fiscalizarán estas asignaciones antes de su ejecución?
- ¿Cómo garantizará la sociedad el uso legítimo y eficiente de casi 300 millones de pesos adicionales?
- ¿Se posterga una oportunidad de exigir transparencia en un periodo donde la confianza pública está en juego?
¿Cheque en blanco, o responsabilidad bajo lupa?
Se aprobó una facultad legal, pero sin guías ni protocolos que aseguren el buen uso. El riesgo real: que bajo la legitimidad de una autorización formal, permanezcan asignaciones políticamente convenientes sin seguimiento ciudadano.
