Jonathan Olvera/La Noticia de Tlaxcala
Zacatelco, Tlax., 14 de julio de 2025.— La polémica generada por una dinámica escolar en la que adolescentes fueron incentivados a besarse frente a sus compañeros, promovida por la presidenta de comunidad de la Segunda Sección de Zacatelco, ha escalado a una instancia formal: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) confirmó que ya abrió una investigación oficial sobre los hechos.
El organismo informó que, ante la difusión del caso en medios y redes sociales, inició un expediente de queja con folio CEDHT/VEGT/20/2025, a través de la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas, debido a las posibles vulneraciones a derechos fundamentales de adolescentes.
En su pronunciamiento, la CEDH recordó que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia, discriminación y exposición pública sin consentimiento ni enfoque pedagógico, y subrayó que el llamado interés superior de la niñez debe prevalecer en toda acción institucional que involucre a este grupo social.
“Las personas servidoras públicas deben actuar con legalidad, prudencia y profesionalismo, especialmente cuando se relacionan con poblaciones vulnerables como las adolescencias”, señaló el comunicado.
La dinámica en cuestión, según trascendidos, consistió en ofrecer incentivos económicos a estudiantes de secundaria que se besaran entre sí frente a otros compañeros, como parte de una actividad organizada por la autoridad comunitaria dentro de un plantel educativo. La propuesta desató indignación entre padres de familia y sectores sociales, no por la orientación sexual involucrada, sino por la falta de criterio, consentimiento y acompañamiento institucional.
La Comisión fue clara al advertir que los errores no deben servir para fomentar discursos de odio, pero sí deben asumirse con responsabilidad. Además, reiteró que las autoridades locales y educativas tienen la obligación de garantizar entornos seguros, respetuosos y formativos.
En paralelo, la CEDH reafirmó su compromiso con una educación basada en los derechos humanos, la inclusión y el enfoque de género, e hizo un llamado a reforzar la formación institucional y el diálogo con las comunidades.
Este caso no solo ha encendido un debate sobre los límites de lo pedagógico, sino también sobre el papel y la preparación de quienes ejercen cargos públicos cuando interactúan con la niñez y adolescencia. La investigación está en curso.
