TLAXCALA, Tlax. – En una iniciativa que busca sentar un precedente en la responsabilidad patrimonial del estado, la diputada Maribel Cervantes Hernández, del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Congreso local una propuesta de ley para obligar a las autoridades estatales y municipales a indemnizar a los ciudadanos cuyos vehículos resulten dañados por el mal estado de las vialidades.
La iniciativa, denominada Ley de Responsabilidad Vial y Protección contra Daños por Infraestructura Pública, responde a las crecientes quejas ciudadanas por el deterioro del asfalto en diversos municipios de la entidad, lo cual ha derivado en constantes reparaciones costosas para los automovilistas.
Mecanismo de “Pago Express”
Uno de los puntos más innovadores de la propuesta es la agilidad del proceso. Según el documento presentado, el ciudadano podría recibir el reembolso de los daños en un plazo no mayor a 5 días hábiles, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
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Evidencia fotográfica del bache y el daño causado al vehículo.
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Ubicación exacta mediante geolocalización.
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Comprobante de reparación o presupuesto de un taller autorizado.
Seguridad para motociclistas, una prioridad
Durante su exposición de motivos, la legisladora Cervantes enfatizó que esta ley no solo protege el patrimonio, sino la vida. Destacó que, mientras para un automovilista un bache representa un gasto mecánico, para un motociclista puede significar un accidente mortal.
“El mal estado de las calles es una omisión administrativa que le cuesta dinero y seguridad a los tlaxcaltecas. Es justo que, si el Gobierno no cumple con el mantenimiento, asuma el costo de las consecuencias”, declaró la diputada en tribuna.
Financiamiento y sanciones
De aprobarse, los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado estarían obligados a destinar una partida presupuestaria específica para crear un fondo de contingencia vial o, en su defecto, contratar seguros de responsabilidad civil que cubran estos incidentes de manera automática.
La propuesta también contempla sanciones administrativas para aquellos funcionarios que ignoren los reportes ciudadanos o retrasen injustificadamente los pagos de indemnización.
Estado de la iniciativa: La propuesta ha sido turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Movilidad para su análisis técnico y financiero. De recibir “luz verde”, Tlaxcala se convertiría en uno de los estados con la legislación más estricta en favor de los derechos del conductor a nivel nacional.
