Tlaxcala, Tlax., 18 de agosto de 2025.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, aseguró en entrevista que el organismo “ha dado puntual seguimiento” al caso del interno del Cereso de Apizaco presuntamente víctima de extorsión.
De acuerdo con la ombudsperson, desde la recepción de la queja se emitieron medidas cautelares, se solicitaron informes y se han realizado entrevistas con el afectado, sus familiares y personal del centro penitenciario. Incluso, afirmó que se realizan visitas institucionales diarias a penales con un equipo multidisciplinario.
Sin embargo, actores políticos y sectores sociales expresaron incredulidad ante tales declaraciones, al considerar que la CEDH mantiene una postura sumisa frente al gobierno del estado y que sus intervenciones resultan más testimoniales que efectivas.
“Es el mismo guion de siempre: dicen que acompañan, que investigan, que emiten medidas, pero en la práctica no hay resultados tangibles. Los internos y sus familias siguen desprotegidos”, señalaron críticos consultados.
La desconfianza hacia la CEDH no es nueva. En episodios anteriores, el organismo ha sido cuestionado por su falta de firmeza al enfrentar posibles violaciones a derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.
La pregunta que se repite entre la opinión pública es inevitable: ¿de verdad la CEDH protege a los internos o solo administra el discurso oficial para evitar confrontar al gobierno?
