Redacción/La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 15 de julio de 2025. — La justicia en Tlaxcala avanza con paso de tortuga… o simplemente no avanza. De 140 exservidores públicos denunciados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) por presuntos desvíos de recursos y daño al erario, solo el 10% han recibido sanción, reconoció el propio titular del organismo, Arturo Lucio.
En otras palabras, el 90% de los exfuncionarios señalados por actos de corrupción siguen sin castigo, algunos incluso aún en la vida pública, mientras los casos duermen en la Fiscalía General del Estado o, peor aún, ya fueron archivados sin consecuencias reales.
Arturo Lucio expresó abiertamente su frustración ante la lentitud del aparato de justicia y la falta de resultados concretos, a pesar de que las denuncias fueron presentadas con pruebas documentales contundentes.
“El trabajo del OFS está, los expedientes están… lo que falta es voluntad de proceder”, señaló el auditor, lanzando un mensaje entre líneas que apunta a una Fiscalía omisa o cómplice.
La corrupción no se combate con discursos, se enfrenta con castigos reales. Y en Tlaxcala, al parecer, la ley sigue teniendo nombre y padrinos.
Este dato no solo revela un sistema debilitado, sino una estructura institucional que permite y protege a quienes saquean el dinero público, mientras la ciudadanía sigue cargando con servicios precarios y obras inconclusas.
¿Qué confianza puede haber en la rendición de cuentas cuando 9 de cada 10 corruptos se van por la libre?
En Tlaxcala, la impunidad no es accidente: es política de Estado.
