Redacción/La Noticia de Tlaxcala
Ciudad de México, 15 de julio de 2025. — Una de las multas más altas en la historia del sistema financiero mexicano acaba de ser impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), revelando no solo presuntas fallas graves en el cumplimiento normativo de tres instituciones clave, sino también el creciente riesgo de que la banca mexicana opere como vehículo para el lavado de dinero.
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa acumularon sanciones por más de 185 millones de pesos, luego de que fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por posibles vínculos con operaciones financieras ilícitas. Las sanciones, aunque severas en términos históricos, apenas representan el 5.4% de las utilidades netas que generaron en 2023, lo que abre el debate sobre si estos castigos son realmente disuasivos o simplemente se convierten en el “costo de hacer negocios”.
La institución más golpeada fue Intercam, con 92.6 millones de pesos en sanciones distribuidas entre su banco y casa de bolsa; le sigue CIBanco con 66.4 millones, y finalmente Vector con 26.1 millones. Estos números, aunque escandalosos, reflejan una práctica recurrente en el sistema bancario: una débil supervisión interna, que a menudo se escuda en tecnicismos mientras abre la puerta a redes criminales financieras.
Intervención y control temporal del negocio fiduciario
En un movimiento que pone en entredicho la solidez institucional de estas entidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el pasado 4 de julio la transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo, una decisión que busca garantizar la continuidad de los fideicomisos y evitar afectaciones a terceros. En términos prácticos, se trata de una intervención encubierta para evitar un colapso de confianza, mientras se intenta contener el daño reputacional.
Aunque Hacienda insiste en que la medida protege a los fideicomitentes y mantiene el cumplimiento normativo, los hechos confirman lo que desde hace tiempo se sospechaba: la banca mexicana sigue siendo un eslabón vulnerable frente al crimen organizado, al lavado de dinero y a prácticas financieras opacas.
Este escándalo pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión financiera, elevar las penas y responsabilidades de los directivos bancarios involucrados y, sobre todo, repensar un modelo de regulación que parece más diseñado para contener el daño que para prevenirlo.
¿Cuántas veces más deberá Estados Unidos poner la alerta para que México actúe por iniciativa propia?
