Redacción/La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., julio 7 de 2025.- Una investigación del portal informativo Mundo Político ha revelado que Azalia Cortés García, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Estado de Tlaxcala, se ostenta públicamente con los grados académicos de “maestra en Derecho Penal” y “doctora en Ciencias Sociales”, sin contar con cédulas profesionales que respalden dichos títulos.
De acuerdo con la información obtenida por Mundo Político —que incluye consultas oficiales al Registro Nacional de Profesiones de la SEP—, Cortés García solo cuenta con una licenciatura en Derecho, siendo inexistentes los registros de estudios de posgrado ante la autoridad educativa federal. Pese a ello, firma documentos oficiales como “Mtra. y Dra.”, y ha difundido un currículum con posgrados que no puede acreditar legalmente.
Entre las pruebas recopiladas se encuentran:
• Copias de documentos oficiales firmados por Cortés con grados no acreditados.
• Capturas del Registro Nacional de Profesiones que muestran únicamente su cédula de licenciatura.
• Versiones públicas del currículum en el que asegura contar con maestría y doctorado.
La denuncia, respaldada por una ciudadana cuya identidad se mantiene bajo reserva, ya fue presentada ante la Secretaría de la Función Pública, al considerar que la funcionaria podría haber incurrido en falsedad de declaraciones y usurpación de funciones, violando lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El caso es particularmente delicado por tratarse de una servidora pública encargada de garantizar atención integral a víctimas de delitos y violaciones graves a derechos humanos, un cargo que exige un alto estándar de legalidad y ética. Además, Cortés García es consejera estatal del partido Morena en Tlaxcala, lo que refuerza las exigencias de transparencia en su actuar.
Expertos en derecho penal y administrativo consultados por el medio advirtieron que, de comprobarse los hechos, podrían configurarse los delitos de:
• Usurpación de profesión (artículo 250 del Código Penal Federal),
• Falsedad en declaraciones ante autoridad pública,
• Y uso indebido de documentos oficiales.
Hasta el momento, ni la CEAV ni el Gobierno del Estado han emitido posicionamiento sobre esta revelación.
